«Estamos reivindicando una falta de medios impresionante, y no es una exageración».
Así arranca el testimonio de Cristóbal Lendínez, portavoz sindical de CGT en Jaén, que no se anda con rodeos al describir el caos en el dispositivo de emergencias de la Junta de Andalucía. A pesar del anuncio de 100 millones de euros adicionales al plan INFOCA, los trabajadores no ven ni un extintor más.
Vehículos que no llegan al fuego
Uno de los ejemplos más sangrantes es el de las 102 furgonetas recién adquiridas: «No pueden llegar a primera línea de fuego. Son de carretera. En cuanto pisan un desnivel, se paran por seguridad.» Y no es opinión. En el propio manual técnico del fabricante —presentado en la licitación— se especifica que no están preparadas para pistas forestales.
Cristóbal va más allá y revela que el sindicato ha presentado una querella criminal por esta compra ante el Juzgado de Sevilla, apuntando a dos responsables: el gerente De la Torre y el jefe de medios, Jesús Crespo.
Medios incompletos, personal sin contratar
La bolsa de trabajo sigue sin activarse, a pesar de estar ya en plena campaña. «Retenes de siete personas están funcionando con cinco o incluso con tres. Así no se puede operar. Estamos quitando gente de un lado para tapar otro, alterando descansos, conciliación y seguridad». A eso se suma que quienes aprobaron la oferta pública de empleo aún esperan el reconocimiento médico para incorporarse. Mientras tanto, los camiones de 450.000 € están aparcados… porque no hay personal para conducirlos.
Antigüedad bloqueada, promoción inexistente
Llevan 18 años sin cobrar antigüedad. «Nos la prometieron y mintieron. Otra más. Son 17 millones de euros que no sueltan porque están esperando que nos jubilemos y así no pagar nada». Tampoco se celebran concursos de traslado desde hace tres años, lo que obliga a muchos trabajadores a vivir desplazados, pagando alquileres y alejados de sus familias con sueldos precarios.
Una privatización encubierta
La denuncia más grave apunta a un proceso deliberado de deterioro: «Lo que se ha hecho en sanidad y educación, ahora se hace aquí: desprestigiar lo público para abrir la puerta a lo privado.» Cristóbal hace referencia a una auditoría interna que ya planteaba que la Agencia de Seguridad y Emergencias «convivirá con una parte privada y, en poco tiempo, será privatizada».
Sin EPI, sin teléfono, sin respeto
«No hay EPI. No se puede entrar a un incendio sin protección. Así que nuestros compañeros tienen que quedarse en el vehículo. Nunca habíamos vivido algo así.»
Mientras la Junta presume en medios de haber invertido «100 millones más», sobre el terreno hay una sensación de vacío total: «Es como si no hubiera nadie al volante.»
¿Cambio de nombre o cambio de modelo?
«El cambio de nombre a Agencia de Emergencias es puro maquillaje. Nosotros ya hacíamos todo eso antes: buscar personas desaparecidas, ayudar con nevadas, retirar residuos… Pero ahora lo venden como si fuera nuevo.»
Un final demoledor
«257 millones de euros. 33.000 millones de pesetas. ¿Dónde está ese dinero? Camiones que no entran en pistas, furgonetas inservibles, trabajadores sin contrato. Y mientras tanto, el monte se quema. Y lo público también.»